CABA elimina planes sociales y lanza programa obligatorio de capacitación laboral

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió eliminar los planes sociales que existían y crear en su lugar un nuevo programa enfocado en la capacitación y la inserción laboral de las personas. Esta medida se formalizó a través de un decreto firmado por Jorge Macri y alcanzará a cerca de 5.000 beneficiarios, que actualmente forman parte de distintos planes sociales en la Ciudad.

En lugar de seguir con un sistema de asistencia sin condiciones, ahora los beneficiarios tendrán un período máximo de 12 meses para capacitarse y conectarse con el mundo del trabajo. La participación en cursos de formación educativa y laboral es obligatoria. Si no cumplen con estos requisitos y estándares de desempeño, perderán el beneficio al finalizar el plazo.

El objetivo de esta decisión es cambiar el modelo asistencial por uno que promueva la autonomía económica de las personas. Jorge Macri explicó que se termina con el “negocio de los gerentes de la pobreza”, se eliminan los intermediarios y las organizaciones que manejaban los planes. A partir de ahora, la ayuda será directa al beneficiario, temporal y con la condición de capacitarse y trabajar.

Durante la revisión del sistema anterior, se detectaron 1.274 casos irregulares. Los planes sociales anteriores costaban cerca de $10.000 millones al año y se gestionaban a través de 85 convenios que ahora se darán de baja, según datos del propio gobierno porteño. Se aplicarán criterios más claros y estrictos para recibir la ayuda: se priorizará a quienes realmente lo necesiten según su residencia en la ciudad, nivel de ingresos y situación socioeconómica.

El nuevo programa se organiza en cuatro pilares principales: formación educativa, capacitación laboral, realización de trabajo con impacto concreto en la comunidad y vinculación con empresas del sector privado. El gobierno firmó acuerdos con nueve cámaras empresariales, universidades y compañías como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa para ofrecer prácticas y oportunidades de empleo en sectores como servicios, salud, hotelería y mantenimiento.

Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, señaló que esta medida representa “un paso más en el cambio de paradigma de la política social” y que se busca “devolver dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban sin un horizonte de progreso”.

Además, como parte de una mayor fiscalización, implementaron una aplicación para controlar los comedores comunitarios. En revisiones previas se detectaron más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios que habían fallecido, tenían autos, propiedades o incluso jubilaciones altas. Como resultado, se cerraron 40 comedores.