Se aprobó la modificación de la ley de Glaciares y el Gobierno lo celebró: “Devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”
En la madrugada del 9 de abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, después de casi 12 horas de debate. El proyecto ya tenía media sanción del Senado y ahora es ley. El presidente Javier Milei lo celebró enseguida en sus redes y con un comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia.
El objetivo de la reforma
La idea central es clarificar qué se protege: solo los glaciares y las formas del ambiente periglacial que realmente cumplen una función importante de reserva de agua. Según el comunicado del Gobierno, esto permite que las provincias, con estudios técnicos y científicos propios, decidan sobre la explotación de minerales en terrenos que antes estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objetivo real de la ley.
Contexto de la ley original
La norma de 2010 creaba un inventario nacional de glaciares a cargo del IANIGLA y prohibía actividades extractivas de alto impacto en esas zonas, viéndolas como reservas estratégicas de agua dulce. Con los años generó peleas entre ambientalistas y gobiernos provinciales, que pedían más autonomía para manejar sus recursos naturales.
Milei destacó que la reforma elimina “trabas artificiales” y “distorsiones ideológicas” que frenaban el progreso. Busca dar seguridad jurídica, potenciar el federalismo y compatibilizar el cuidado real del ambiente con el desarrollo económico. El proceso duró un año y contó con el apoyo de provincias mineras como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza. El oficialismo lo vinculó también al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).
Reacciones
Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se opusieron, alertando sobre posibles daños ambientales. El Gobierno respondió que las agendas que frenan el crecimiento “encontraron en este Ejecutivo a su mayor enemigo” y que los intentos de interferencia extranjera fracasaron.
Impacto esperado
Con esta norma, las provincias recuperan la competencia que les corresponde según la Constitución y podrán evaluar caso por caso con criterios científicos, sin perder la protección de las zonas hídricas clave.
La reforma genera expectativas positivas en el sector minero, especialmente en cobre y litio de las provincias andinas. Al dar más autonomía y seguridad jurídica a las provincias, puede destrabar proyectos que estaban frenados y atraer inversiones extranjeras, lo que se traduce en mayor actividad económica y empleo en esas regiones sin afectar directamente los mercados financieros de hoy.
